TRANSITORIA

El número de interinos se ha desbordado. La cifra de profesores que trabajan, algunos desde hace dos décadas, en la enseñanza pública sin un puesto fijo, cambiando cada año de destino para cubrir suplencias, asciende a alrededor de 74.000, según los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2005-2006 .
El número de interinos se ha desbordado. La cifra de profesores que trabajan, algunos desde hace dos décadas, en la enseñanza pública sin un puesto fijo, cambiando cada año de destino para cubrir suplencias, asciende a alrededor de 74.000, según los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2005-2006. Este problema lo reconoce la nueva ley educativa (LOE), aprobada en abril -las administraciones no deberían tener más del 8% de interinos, pero superan en varias comunidades ampliamente el 20%-, y señala una solución: un sistema de acceso especial para los próximos cuatro años que valore de forma "preferente" la experiencia de este colectivo.
Pero la redacción de los detalles de ese proceso especial, aparte de dividir a los sindicatos (sólo FETE-UGT y CSIF lo han apoyado) y no dejar contentos a los interinos, resulta que se sitúa en el borde de la legalidad. Recogido en lo que aún es un borrador, se trata de un sistema de concurso-oposición abierto a todo el mundo, pero en el que la experiencia docente de los aspirantes contará el 40% de la nota final y en el que los interinos podrán eludir uno de los ejercicios de la oposición, sustiyéndolo por un informe que firmarán las comunidades autónomas. Este último punto es el que ponen en duda, por su posible vulneración del principio de igualdad y de imparcialidad de las administraciones, tanto un estudio jurídico de CC OO como algunos expertos constitucionalistas como Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla, o Antonio Torres del Moral, de la UNED.
Aunque con un colectivo de interinos mucho menor, unos 37.000, la sanidad pública resolvió en los últimos años este mismo problema con un único proceso especial, sólo para estos profesionales sin plaza fija, en el que la fase de oposición se reducía a la presentación de una memoria del trabajo realizado.
En casa de Carmen Jordá (52 años), en Valencia, conocen bien ambas situaciones. Ella es profesora interina de Filosofía en secundaria desde hace 20 años. Y su marido ha sido durante 23 años profesional interino de la sanidad pública. Él acaba de conseguir por fin un puesto fijo. Jordá
ha estado en 20 institutos en 20 años, en todas las provincias de la Comunidad Valenciana. "He recorrido muchísimos kilómetros en este trabajo. Y no lo hubiera hecho si no me gustara tanto la docencia", asegura. En todo ese tiempo, su experiencia no se ha reflejado en su sueldo, como lo hace en el de sus compañeros con plaza fija. Se queja de que, a sus 52 años, no puede competir en igualdad de condiciones en una oposión, "en la memorización de un temario, con chicos jóvenes que acaban de terminar la carrera".
Cuando ella comenzó su trabajo como interina, ya estaba casada y tenía un hijo. Hoy tiene tres y está a punto de ser abuela. "No puedo competir con mis hijos por una plaza", dice esta docente y portavoz de la Coordinadora Estatal de Profesores Interinos.
El catedrático de Sevilla Javier Pérez Royo asegura que entiende todas estas situaciones, pero también asegura que un tribunal de justicia no puede decir la manera correcta de hacer las cosas, sino "señalar cómo no se pueden hacer porque no se ajustan a la legalidad", dijo refiriéndose al texto redactado por el ministerio sobre la posibilidad de saltarse un ejercicio en una oposición abierta. "Aún confiando en el trabajo de los abogados del Estado, la lectura de CC OO parece, en principio, correcta. En todo caso, el borrador aún tiene que pasar el dictamen del Consejo de Estado y ahí veremos". Por su parte, el experto de la UNED Antonio Torres del Moral, es mucho más tajante: "Es totalmente inconstitucional y aberrante, es incuestionable que vulnera el principio de igualdad".
El Ministerio de Educación responde que el actual borrador tiene el visto bueno de los abogados del Estado y que es fruto de dos años de trabajo con los sindicatos y las comunidades autónomas. El sindicato de enseñantes interinos de Andalucía, Sadi, considera la propuesta "un parche, insuficiente", según su presidenta, Teresa Huete, aunque valoran el esfuerzo de las administraciones. Para el sindicato de interinos de Extremadura Pide, la propuesta "mejora la situación actual", pero "se queda corta con respecto a lo que dice la LOE".
Todos ellos tienen dudas sobre quién, cómo y con qué criterios se redactará el famoso informe sobre su trabajo anterior, o si el mismo podrá ser negativo, dejando al aspirante fuera de la oposición y de la lista de interinos. Desde la Coordinadora, Carmen Jordá duda incluso, al igual que el estudio de CC OO, de su legalidad "dentro de unas pruebas libres". El subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Gurrea, aseguró que el informe se hará con "parámetros objetivos de evaluación", eso sí, que tendrá que desarrollar cada comunidad autónoma. "Es muy parecido al sistema de acreditación que se ha diseñado para el acceso al cuerpo de profesores de universidad", añadió.
"Con este sistema no vamos a entrar ni la mitad", concluye, pesimista, Carmen Jordá.