Desde que el 3 de mayo de 2006 se publicara la Ley Orgánica de Educación, los interinos supimos que estábamos abocados a participar en un procedimiento selectivo en el que nunca hemos creído. Meses antes (último trimestre de 2005), todos los interinos del Estado, convocados por sindicatos y asociaciones de diversas CCAA, participamos en siete jornadas de huelgas (con manifestaciones en Sevilla y Madrid). Perseguíamos el objetivo de incluir, en la nueva Ley de Educación, el Acceso Diferenciado a la Función Pública Docente, bajo nuestro modelo de Informe Ariño.
Por desgracia, aquello no prosperó, si bien suscitó muchas adhesiones entre ciertos partidos políticos (la actuación de algunos de los sindicatos mayoritarios, aunque parezca mentira, lo impidió, como tuvimos ocasión de conocer más adelante). De aquel tiempo conflictivo, “sólo” pudimos conseguir que el Partido Socialista, presionado desde Andalucía, incluyese una enmienda, posteriormente convertida en la archifamosa Disposición Transitoria decimoséptima de la LOE, que más adelante se incluiría en la propia Ley de Educación de Andalucía, y que dice así:
Disposición transitoria decimoséptima. Acceso a la función pública docente.
El Ministerio de Educación y Ciencia propondrá a las Administraciones educativas, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, la adopción de medidas que permitan la reducción del porcentaje de profesores interinos en los centros educativos, de manera que en el plazo de cuatro años, desde la aprobación de la presente Ley, no se sobrepasen los límites máximos establecidos de forma general para la función pública.
Durante los años de implantación de la presente Ley, el acceso a la función pública docente se realizará mediante un procedimiento selectivo en el que, en la fase de concurso se valorarán la formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa en los centros públicos de la misma etapa educativa, hasta los límites legales permitidos. La fase de oposición, que tendrá una sola prueba, versará sobre los contenidos de la especialidad que corresponda, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia. Para la regulación de este procedimiento de concurso-oposición, se tendrá en cuenta lo previsto en el apartado anterior, a cuyos efectos se requerirán los informes oportunos de las Administraciones educativas.
En dicha disposición, además de esbozar algunos de los detalles del futuro y transitorio sistema de acceso a la función docente (carácter único de la prueba, valoración de la experiencia docente hasta los límites permitidos, existencia del Informe), llevaba implícito, a nuestro entender, un espíritu que gravitaba sobre toda ella: la reducción del porcentaje de interinidad consolidando el trabajo del personal que actualmente presta servicios en el sistema educativo.
De hecho, entendimos que no podía ser de otra forma. Para reducir el porcentaje de profesorado interino bastaba con convocar ofertas masivas, sin ni siquiera modificar ni un punto ni una coma del sistema de acceso anterior. Para SADI era fundamental que la solución propuesta llevara implícita en todo momento esa intención de consolidación del puesto de trabajo, cosa que desde ese momento intentamos transmitir en todas y cada una de las reuniones que desde entonces mantuvimos con los grupos políticos, en especial en Andalucía.
El siguiente hito vino en forma de Real Decreto de Acceso. Por un lado, y con gran tristeza, pudimos comprobar que el sistema ordinario quedaba tal cual está actualmente, algo que nos produjo gran frustración: ¿cómo era posible que un Gobierno progresista dejara en vigor un modelo anquilosado y que para nada responde a la realidad docente? Tras el decepcionante sistema ordinario, el Real Decreto regulaba el sistema transitorio. Y nuevamente los interinos tuvimos que suponer que detrás de este nuevo modelo se intuía un espíritu favorable a la consolidación del empleo interino.
Durante los años de implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que conforme a la disposición adicional primera será de cinco años, el ingreso a la función publica docente se realizará mediante un procedimiento selectivo en el que, en la fase de concurso se valorarán la formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa en los centros públicos de la misma etapa educativa, hasta los límites legales permitidos. La fase de oposición, que tendrá una sola prueba, versará sobre los contenidos de la especialidad que corresponda, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia.
Este Real Decreto debía a continuación concretarse aun más en las distintas Órdenes de Convocatoria de Concurso-oposición, y en todas aquellas disposiciones normativas que hubiera lugar (decretos, órdenes, circulares). Hasta ese momento, debíamos adivinar una intención superior que se suponía en cada uno de los textos. Sin embargo, la Orden de 15 de abril de 2008, por la que se regula la adjudicación de destinos provisionales, por fin, explicita, con gran claridad, cuáles son los planteamientos de la Administración Educativa de Andalucía (o al menos, los que dice tener):
Respecto del profesorado funcionario interino, el hecho de que en el presente año finalice el ámbito temporal de aplicación del Acuerdo de 25 de marzo de 2003 así como la actuación decidida de esta Consejería por consolidar el empleo estable de dicho personal, a través de las ofertas de empleo, se hace necesario reformular las características de la adjudicación de destinos provisionales para este personal durante el referido curso académico.
En este fragmento, que aparece en el Preámbulo de la Orden mencionada, se habla claramente de que existe una actuación decidida por esta Consejería por consolidar el empleo estable de dicho personal, a través de las ofertas de empleo. Repetimos: CONSOLIDAR EL EMPLEO ESTABLE DE DICHO PERSONAL, A TRAVÉS DE LAS OFERTAS DE EMPLEO. Se puede decir más alto, pero no más claro.
A través del presente escrito, SADI se dirige a toda la opinión pública y a todos los compañeros que, de alguna u otra forma, van a participar en el Proceso Selectivo para recordar cuál es el objeto de este Sistema Transitorio de Acceso. Se habla de CONSOLIDAR empleo, no de SUSTITUIR a trabajadores con experiencia (con muchísima experiencia en algunos casos) por otras personas que aún no forman parte del sistema educativo.
Queremos recordar que SADI nunca defendió este modelo (el nuestro sigue siendo el Acceso Diferenciado diseñado en el Dictamen Ariño); únicamente nos pusimos a trabajarlo porque así lo decidieron las asambleas de trabajadores, tratando de sacar el máximo jugo a algo que en principio era una vaga intención. Sin embargo, no debemos dejar pasar esta ocasión para que se haga realidad lo que la propia Administración ha ideado: la consolidación del empleo.
Federación SADI
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