POLEMICA CON LAS OPOSICIONES DE FRANCES.

Puede que desde la Guerra de la Independencia, de la que ahora se cumplen 200 años, el francés no se había vuelto a ver en medio de una gran polémica en Extremadura. Ahora un grupo de 27 opositores a profesores de Secundaria en la especialidad de francés han creado una plataforma para solicitar la impugnación o la revisión de las oposiciones de la Junta por considerar "anormal" las calificaciones que han recibido de su tribunal en la convocatoria de este año, celebrada la pasada primavera.
Este colectivo se siente ofendido. Denuncia que solo aprobaron 12 de las 62 personas que se sometieron a las pruebas y, "lo que es más humillante", más de la mitad recibió una calificación de entro 0 y 2 puntos. "Es imposible que el nivel de los aspirantes sea tan bajo", esgrimen, y más cuando el 40% de la nota final --lo que se denomina baremo-- se establece a partir de la puntuación fijada en función de la experiencia laboral, el título educativo, los complementos formativos... En este sentido, algunos de los opositores partían con notas de baremo de hasta 10 y 9 puntos. Es decir, les valía un aprobado en las otras pruebas para hacerse con alguna de las 10 plazas ofertadas para la enseñanza de este idioma en institutos extremeños.
"Pero a muchos les han suspendido las pruebas --que configuran el otro 60% de la nota final-- con calificaciones bajísimas. Y mirando los listados de notas, sospechamos que el tribunal lo ha hecho para favorecer a algunas personas que tenían un baremo muy bajo y que sí han logrado plaza", alegan desde la Plataforma de Impugnación Francés, creada a raíz de este caso. "Se ha evaluado a todos bajo unos criterios que solo pretendían beneficiar a algunas personas", continúan acusando.
El 80%, suspendidos
Este grupo de opositores considera anormal que el grado de suspensos en la especialidad de francés alcance al 80% mientras que en otros, como Historia, Lengua o Inglés, solo sea del 20 o el 30%. Además, acusan al tribunal de no seguir los criterios de valoración marcados por la comisión creada para ello, algo, el respetar esas directrices, que según ellos sí hacen en general todos los tribunales. Y por último, explican que todo esto perjudica especialmente a los opositores noveles, que al suspender, no pueden acceder a la lista de interinos ni a la bolsa de empleo, "cerrada" y sin actualizar; esto les deja sin opciones de trabajar en la enseñanza pública en la región hasta las próximas oposiciones, dentro de dos años.
Por ello, desde esta plataforma, cuyos integrantes han presentado recurso de alzada contra las notas recibidas y cuentan con el respaldo de sindicatos de profesores como PIDE y Anpe, han solicitado a la Dirección General de Personal Docente que inicie una investigación para esclarecer la actuación del tribunal, que reevalúe las pruebas o repita el proceso selectivo y que abra con urgencia la bolsa extraordinaria de la especialidad en francés, cerrada desde el 2005. En esta línea, explican que ante la falta de interinos para ir cubriendo las diversas plazas de francés y las bajas, la Administración está recurriendo a la antigua bolsa del 2005, "compuesta por personas que no se han sometido al proceso y que por tanto no se sabe si cumplen con los requisitos para ocupar el puesto". Además, afirman estar dispuestos a llegar a la vía jurídica, "aunque nuestra intención es que este caso se revise para que no vuelva a ocurrir, porque ya ha habido situaciones similares en años anteriores".
Desde la Junta de Extremadura no entran a juzgar el proceso. Recuerdan que el plazo para resolver los recursos de alzada es de tres meses y se inició a principios de septiembre, por lo que queda aún dos meses por delante. Y además, explican que el tribunal deberá entregar a la Administración un informe explicando los criterios aplicados. Ese documento será la base sobre el que la Junta resuelva las reclamaciones.
El tribunal guarda silencio
Por su parte, este diario se ha puesto en contacto con Serafín Martín Nieto, presidente del tribunal para la especialidad de Francés. Martín Nieto explicó que la ley no permite pronunciarse públicamente sobre este tipo de casos y solo apuntó que los tribunales "siempre actúan conforme a la legislación y la justicia". La pelota de esta polémica pasa de momento al tejado de la Administración, que tendrá que resolver los recursos de alzada.

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